En Bolivia le dicen "dieselazo", en Honduras "trancazo" y en Chile "bencinazo". Todas estas palabras remiten al alza de los precios de los combustibles, un problema que afecta a las economías familiares de dos formas: directamente, porque moverse en vehículo resulta cada vez más oneroso; e indirectamente, porque todos los productos suben de precio y la inflación reduce el poder adquisitivo de los salarios.
Ese escenario se replica en distintos puntos de América Latina. El caso más álgido ocurre en Bolivia, donde el pasado 18 de septiembre el presidente Rodrigo Paz anunció el fin de la subvención estatal al diésel, tras aprobarse en el Parlamento un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, dentro de un programa de estabilización que contempla la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles.
"Hacer todos los ajustes simultáneamente puede provocar un shock inflacionario: primero, por el aumento del costo de transporte y distribución; y luego, por el aumento del costo de la electricidad y de la producción", explica a DW el economista boliviano Javier Aliaga Lordemann, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD). Para él, el ajuste en Bolivia es inevitable. Sin embargo, sería deseable no hacerlo de golpe, especialmente en una economía que ya "enfrenta presiones cambiarias e inflación acumulada".
Paz, ante el riesgo de nuevas manifestaciones, extendió otros noventa días el estado de excepción que rige desde junio, lo que muestra el nivel de tensión social que impera en el país.
Miles de automovilistas se apuraron a llenar sus estanques en Chile ante el anunciado "bencinazo".Jesús Martínez/Sipa USA/picture alliance
"La relación entre incrementos importantes de los precios de productos básicos y la protesta está bien establecida en la literatura. Por ejemplo, en la Primavera Árabe de 2011, un factor importante en el surgimiento de las manifestaciones fue justamente un incremento en los precios de la canasta básica", explica a DW el sociólogo chileno César Guzmán Concha, investigador de la Scuola Normale Superiore, en Pisa (Italia).
"Es muy relevante que los gobiernos sepan manejar los tiempos de estos ajustes", dice Guzmán Concha. "Hemos visto que en varios países europeos los gobiernos han implementado mecanismos de contención de los precios de los combustibles. El Estado asume parte de la cuenta de este incremento y lo hace justamente para evitar el descontento social", explica.
El 23 de marzo de 2026, el entonces recién asumido Gobierno de José Antonio Kast anunció una histórica alza en el precio del diésel y de la gasolina en Chile. El episodio, conocido como "bencinazo", fue un duro golpe para la clase media. Poco después, las encuestas comenzaron a mostrar un brusco descenso en la popularidad del mandatario.
En Guatemala, hubo manifestaciones el 12 de septiembre por el alto precio de los combustibles. En Honduras, en tanto, el lunes 21 de septiembre, varias carreteras del oriente del país amanecieron bloqueadas por camioneros y transportistas urbanos, debido a alzas en los combustibles que encarecen sus operaciones. "Ya no aguantamos, todo está muy caro por el combustible", dijo Eduardo Amaya, transportista de carga pesada, entrevistado por el diario La Prensa.
Desde comienzos de año, la gasolina en ese país de Centroamérica se ha encarecido un 50 por ciento, mientras que el diésel registra un alza del 80 por ciento, de acuerdo con un análisis de Consulting HNL.
"Puede tener sentido amortiguar temporalmente un shock extraordinario, pero no mantener de forma indefinida un subsidio universal. El problema es distributivo y fiscal. Los subsidios generales parecen sociales porque abaratan el combustible para todos, pero en realidad tienden a ser regresivos: los hogares de mayores ingresos consumen más gasolina, poseen más vehículos y capturan una proporción mayor del beneficio", detalla el economista Aliaga Lordemann a DW.
En septiembre de 2025, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel automotriz, que suponía un gasto de 1.100 millones de dólares al año para las arcas fiscales. Esto derivó en un alza del precio de 1,80 dólares a 2,80 dólares de un día para otro. La idea fue recibida con protestas masivas, y si bien Noboa no retrocedió del todo, sí accedió a mantener el nuevo precio congelado.
Un policía dispara gases lacrimógenos durante las manifestaciones de 2025 en Ecuador.Rodrigo Buendia/AFP
Aliaga Lordemann explica que cada país enfrenta de distinta forma estos escenarios de precios volátiles del crudo. "En los países exportadores de petróleo, el efecto fiscal puede ser favorable por mayores ingresos, pero el consumidor igualmente puede enfrentar aumentos si los precios internos están vinculados al mercado internacional", sostiene.
El problema central, explica el experto, es que el combustible afecta no solo al transporte, sino también a la agricultura, la minería, la industria y la distribución de alimentos, "de modo que una variación de precios tiene efectos de segunda ronda sobre casi toda la economía".
Por eso, a su juicio, "la alternativa más eficiente es aplicar compensaciones focalizadas a hogares vulnerables e imponer medidas específicas para los sectores que realmente transmiten costos al conjunto de la economía".
El punto acá, añade, es que tampoco es conveniente "intentar corregir en pocos meses desequilibrios que se acumularon durante más de veinte años". La gradualidad es el camino cuando todavía es posible apelar a ella, apunta.
Otro aspecto que se debe considerar es la narrativa, añade Guzmán Concha, que permite a los gobiernos explicar a la ciudadanía cuáles son los escenarios adversos que se enfrentan, lo que podría permitir controlar el malestar.
"Pero esto tiene efectos limitados; mira lo que pasa en Estados Unidos, donde muchos que votaron por Donald Trump están descontentos por el alza de los precios de los combustibles", señala el experto.
"Aquí también hay bastante investigación que muestra que los efectos de los recortes en inversión social, en inversión pública o en gasto público pueden ser en parte tolerados o aceptados por la ciudadanía si la carga se distribuye más o menos equitativamente, es decir, cuando la gente percibe que no son solo los pobres o la clase media los que pagan los costos de las medidas", explica el sociólogo chileno.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información verificada, por favor, dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
(rml)