Por: Sofía Álvarez Jurado de Forbidden Stories con información adicional de Léa Peruchon y Magdalena Hervada de Forbidden Stories y de Mathieu Tourliere de la Revista Proceso de México. Originalmente escrito en inglés.
En 1979, Lorenzo Sánchez, por entonces un adolescente nacido en Guantánamo (Cuba), se enfrentó a una decisión que le cambió la vida. Estaba estudiando para convertirse en mecánico de montaje en el sector de la maquinaria pesada, al tiempo que trabajaba. Pero, según él, el gobierno de Fidel Castro empezó a seguirle de cerca por sus ideas políticas. Huyó del país solo, embarcándose en un barco con destino a Estados Unidos. Percibía Estados Unidos como una tierra de oportunidades económicas y un refugio frente a la violencia, y creía que allí sería libre.
Tras la llegada al poder de Castro en 1959, un año antes de que naciera Sánchez, Cuba pasó rápidamente de una economía de mercado muy dependiente de Estados Unidos a un sistema socialista centralizado. El embargo estadounidense impuesto en 1962, junto con la escalada de tensiones entre ambos países, aisló aún más la economía de la isla. El Gobierno cubano comenzó a restringir la emigración para frenar la oposición política y evitar la pérdida de trabajadores cualificados.
En abril de 1980, el malestar social alcanzó un punto crítico. En respuesta a ello, Castro abrió el puerto de Mariel a quienes deseaban marcharse, en lo que se conoció como la "crisis del Mariel". Sánchez fue uno de los aproximadamente 125.000 cubanos que llegaron a EE. UU. ese año. Unos 85.000 acabarían por establecerse en la zona de Miami y el sur de Florida.
Cuando Sánchez llegó por primera vez a Miami, Florida, no tenía familiares ni ningún plan. Recuerda haber sido recibido calurosamente por funcionarios estadounidenses, grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil que se habían movilizado para dar la bienvenida a los "Marielitos" a medida que iban llegando. Pronto fue trasladado a Wisconsin, donde le proporcionaron alojamiento, comida y, como recuerda con una sonrisa, "incluso puros".
Lorenzo Sánchez sostiene una fotografía de sí mismo tomada por trabajadores del albergue Amparito Shelter el día en que le aprobaron su residencia mexicana, en Villahermosa, México.
La mayoría de los "marielitos" acabaron convirtiéndose en residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses. Sánchez pasó meses aprendiendo inglés mientras realizaba pequeños trabajos en un museo y en un colegio. En 1985, solicitó la residencia en EE. UU., pero se la denegaron. "No sé por qué", dijo. "No había cometido ningún delito". Tenía un permiso de trabajo válido y estaba obligado a presentarse y firmar en las citas mensuales de control de inmigración.
En 1991, fue condenado a 36 meses de prisión tras una pelea en un bar con un ciudadano estadounidense. Aprovechó al máximo su tiempo entre rejas y obtuvo certificados en ebanistería, lectura de planos y dibujo técnico. En 1994, cuando salió en libertad, dejó de acudir a sus controles de inmigración periódicos. Un par de años más tarde se trasladó a Florida.
Pasaron varias décadas mientras Sánchez realizaba trabajos esporádicos y se labraba una vida en Florida. Al padecer diabetes, acabó por sufrir la amputación de los dedos del pie izquierdo.
En junio de 2025, Sánchez estaba tomando una cerveza en la playa cuando fue detenido por consumo de alcohol en la vía pública —algo prohibido en algunas playas de Florida— y trasladado a un centro de detención. Allí, al comprobar sus antecedentes, se descubrió una orden de deportación que databa de 1991, emitida tras su detención a raíz de la pelea en el bar y su incumplimiento de las obligaciones de presentación ante las autoridades de inmigración.
En cuestión de días, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo llevaron a un centro de detención en Miami. Al cabo de una o dos semanas, según recordaba, mientras aún se recuperaba de la amputación de un dedo del pie, fue trasladado a un hospital de El Paso, Texas. Allí, los agentes de las fuerzas del orden le comunicaron que sería deportado a Cuba. No opuso resistencia.
Tras su alta del hospital de El Paso, los funcionarios fronterizos estadounidenses procedieron a la deportación de Sánchez, llevándolo a través del país, pensando que se dirigía a Cuba. Pero a mitad del trayecto, le dijeron: "Te vas a México. Cuba no te quiere".
Llegó a Piedras Negras, en México, donde los agentes fronterizos mexicanos lo subieron a otro autobús con destino a Villahermosa, en Tabasco, una ciudad en la que nunca había estado y donde no conocía a nadie. Sánchez contó que el viaje duró tres días.
En mayo de 2026, "Forbidden Stories" se reunió con Sánchez en Villahermosa, donde llevaba viviendo en la calle al menos cinco meses, tras haber pasado 150 días en el Albergue Amparito, un refugio humanitario privado para migrantes y personas deportadas. Describió que sufría constantes picaduras de insectos y que tenía dificultades para acceder al agua, la comida y los medicamentos. "Los perros viven mejor que nosotros, y comen todos los días", dijo sobre su experiencia en México. Aún convaleciente tras una operación y con unos 65 años, no estaba en condiciones de trabajar. "A veces, preferiría estar ya muerto", afirmó.
Reconstrucción aproximada de la ruta que siguió Vicente* desde su detención en Estados Unidos hasta su llegada a Villahermosa, México.
En enero de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a asumir el cargo y rápidamente emitió una serie de órdenes ejecutivas. Una de ellas, titulada "Proteger nuestras fronteras", ordenaba al Departamento de Estado que coordinara con el fiscal general y el Departamento de Seguridad Nacional la promoción de acuerdos internacionales que facilitaran las denominadas "expulsiones a terceros países", eludiendo el proceso habitual de deportación al país de origen de la persona. Un informe de febrero de 2026 de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. señalaba que la Administración había "ampliado drásticamente" estas prácticas, lo que reflejaba "un preocupante cambio en la forma en que Estados Unidos [estaba] ejerciendo su poder".
Para "The Deportation Project", Forbidden Stories dedicó siete meses a investigar la política de la Administración Trump sobre las "expulsiones a terceros países". El término se refiere a la expulsión por parte del Gobierno de una persona a un país distinto de su país de origen. Desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, la Administración Trump expulsó al menos a 250.427 nacionales de terceros países, negoció acuerdos secretos con 35 países y llevó a cabo traslados a 28 de esos países.
Nuestro consorcio internacional, formado por 72 periodistas de 24 medios de comunicación, entrevistó a 35 personas expulsadas a países con los que no tenían ningún vínculo. Según el derecho internacional, los países deben ofrecer a las personas que se enfrentan a una expulsión la posibilidad de alegar "temor a la persecución", es decir, una amenaza objetivable y real para su vida en su país de origen o en un tercer país. Según la legislación estadounidense, cuando una persona sujeta a una expulsión acelerada (un que permite la deportación de un no ciudadano sin audiencia), comunica a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) o al ICE su intención de solicitar asilo y su temor a ser perseguida en su país de origen tiene derecho a una "entrevista de temor creíble". Se trata de un paso fundamental en el proceso de asilo, que brinda a las personas la oportunidad de exponer los riesgos que conlleva el retorno.
A la mayoría de las personas que entrevistamos no se les concedió una entrevista de temor creíble ni pudieron alegar temor a ser perseguidas en su país de origen o en terceros países. A muchas no se les informó de a qué país serían deportadas hasta que llegaron allí.
Meredyth Yoon, directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice, explicó a nuestro consorcio que, en muchos casos, los nacionales de terceros países eran devueltos "rápidamente" a sus países de origen, incluso cuando habían demostrado que era más probable que se enfrentaran allí a persecución o tortura. Además, explicó que muchos de ellos, mientras aún se encontraban en centros de detención de inmigrantes en EE. UU., y a veces al llegar a los "terceros países", eran "detenidos indefinidamente en condiciones deplorables sin acceso a atención médica [ni] a medicamentos vitales.
Entre los países que han acogido a nacionales de terceros países procedentes de EE. UU., destaca México. A pesar de que no existe ningún acuerdo público sobre las expulsiones de EE. UU. a México, este país ha acogido a unos 20.000 expulsados, la cifra más alta de todas, según Third Country Deportation Watch, un sitio web de seguimiento gestionado por Refugees International y Human Rights First. Nuestro consorcio descubrió que México recibió a más personas que los tres siguientes países de acogida juntos: Guatemala (al menos 2.981), Costa Rica (al menos 599) y Honduras (al menos 543).
A diferencia de otros países que acogen a ciudadanos de terceros países procedentes de EE. UU., las personas no llegan a México en avión, sino de una forma más discreta: en autobús. Un informe de Human Rights Watch (HRW) identificó cuatro rutas terrestres principales de deportación: el paso fronterizo de San Ysidro-Tijuana, Nogales-Sonora, El Paso-Juárez y Port Isabel-Matamoros. Desde estos pasos fronterizos, las autoridades mexicanas toman el control y trasladan a los pasajeros a dos ciudades cercanas a la frontera con Guatemala: Villahermosa, capital del estado de Tabasco y centro neurálgico del petróleo y el gas; y Tapachula, en el estado de Chiapas, puerta de entrada para los migrantes que viajan hacia el norte. Según los entrevistados, los traslados suelen durar más de 30 horas, durante las cuales permanecen esposados y apenas reciben comida.
Los cubanos constituyen el grupo nacional más numeroso enviado a México desde EE. UU. El informe de HRW identificó a unos 4.300 cubanos trasladados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Históricamente, Cuba y EE. UU. no tenían ningún acuerdo que permitiera el retorno regular de los deportados. HRW afirma que, con el tiempo, muchos cubanos "llegaron a creer que la deportación ya no era posible". A cubanos como Sánchez, que tenían órdenes de deportación pendientes, a menudo se les permitía permanecer en EE. UU. bajo la supervisión del ICE, con la obligación de presentarse periódicamente.
La pasada primavera, cuando Forbidden Stories viajó al sur de México, nuestro equipo conoció a Vicente, un cubano de 60 años que cruzó el Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en 2023. Vicente, que nos pidió que utilizáramos un seudónimo, temía ser identificado por los agentes de inmigración estadounidenses y no poder regresar para reunirse con su familia en el futuro.
En 2009, se marchó de Cuba a Venezuela en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre Cuba y Venezuela. Allí conoció a su mujer, tuvo hijos y desarrolló su carrera como entrenador de béisbol, llegando a formar a jugadores que acabaron dando el salto al béisbol profesional.
Desilusionado con la política cubana, se quedó en Venezuela. Pero tras una década allí, comenzó a recibir amenazas de la Dirección de Investigación Técnica del Ministerio del Interior de Cuba, un organismo investigador especializado dentro del aparato policial y de seguridad interna cubano.
Según Vicente, los agentes de esta dirección lo tildaron de "apátrida" y "traidor" y lo amenazaron con que su familia "pagaría las consecuencias". Mientras tanto, la situación en Venezuela también se estaba deteriorando; con millones de personas sin acceso a una asistencia sanitaria básica ni a una alimentación adecuada, el malestar social se extendió por todo el país. En 2023, Vicente decidió marcharse a EE. UU., decidido a construir un futuro mejor para su hijo menor, que entonces tenía nueve años.
Desde Venezuela, esperó a que se abriera una plaza a través de la aplicación CBP One, una plataforma creada por la administración del expresidente Joe Biden como vía oficial para solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, pero no se abrió ninguna. Entonces, un amigo le habló de un grupo de personas que colocaban boyas en el Río Grande, a lo largo de la frontera entre Texas y México, para cruzar a Estados Unidos; era su oportunidad. Cuando el grupo, formado por unas 300 personas, llegó a territorio estadounidense ese mes de agosto, fue interceptado por las autoridades estadounidenses.
Vicente fue una de las 21 personas separadas del grupo y trasladadas a prisión, donde pasó 23 días en dos centros: primero en la Unidad Dolph Briscoe y luego en la Unidad Manuel A. Segovia, ambas prisiones estatales de Texas. Al haber cruzado la frontera ilegalmente, tuvo que comparecer en un juicio durante el cual la policía no presentó pruebas, y fue puesto en libertad. Pero cuando salía del centro, los funcionarios de inmigración estadounidenses lo detuvieron y lo devolvieron a Port Isabel. Allí, inició otro proceso judicial, contrató a un abogado y presentó pruebas, incluidas las amenazas que, según él, había recibido en Venezuela. Sin embargo, su solicitud de asilo fue denegada y se le dictó una orden de deportación.
Desde Port Isabel, donde la prisión estaba "saturada" de gente, Vicente fue trasladado al Centro de Seguridad del Condado de Geauga, un centro de ICE en Cleveland. Pasó 90 días allí, a la espera de que el Gobierno cubano lo reclamara. Al no suceder así, su hijastro, que vivía en EE. UU., consiguió su puesta en libertad. El día de Navidad de 2023, Vicente se reunió con su esposa y su hijo en Ontario, California, después de que ellos hubieran cruzado recientemente a través del Tapón del Darién y hubieran sido puestos en libertad por los agentes fronterizos. Empezaron a labrarse una nueva vida.
Vicente esperaba obtener un indulto por haber entrado ilegalmente en el país y estaba trabajando con un abogado para conseguir la residencia oficial en EE. UU. Nunca faltó a ninguna cita con el ICE.
Hacia agosto de 2025, acudió a una cita de control rutinaria, un proceso al que ya se había acostumbrado, en el que un agente del ICE solía revisar su situación, verificar sus datos personales y actualizar su calendario de comparecencias. En esta ocasión, sin embargo, un agente lo llevó a una sala diferente para tomarle las huellas dactilares. "Todo era una mentira. Una trampa. Cuando crucé la puerta, cuatro agentes me estaban esperando. Me esposaron las manos, las piernas y los pies, y me dijeron que no me resistiera".
Vicente* (nombre cambiado por razones de seguridad), con una camiseta de Cuba, en su casa alquilada en Villahermosa, frente a la jaula que construyó para criar codornices japonesas.
A continuación, llevaron a Vicente a un centro de detención que él describió como "un sótano" en Los Ángeles. Más de 80 personas estaban recluidas en un espacio que, según él, "solo habría podido albergar cómodamente a 10". Al cabo de cuatro días, a algunos los subieron a un autobús con destino a Arizona y, desde allí, a El Paso, Texas, al Camp East Montana, un antiguo campo de internamiento para japoneses-estadounidenses que él describió como "un campo de concentración".
En un informe reciente, HRW y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) constataron que las personas detenidas en Camp East Montana sufrieron "condiciones de reclusión que equivalían a una desaparición forzada, trato cruel, degradante e inhumano, uso excesivo de la fuerza —incluida una ejecución extrajudicial—, negligencia médica que ponía en peligro la vida, obstáculos para acceder a representación legal y traslados coercitivos a terceros países".
Al no llevar consigo su medicación para la tensión arterial mientras estaba detenido en el Camp East Montana, un pico en su tensión arterial provocó su hospitalización. (Fue hospitalizado varias veces durante su traslado a México.) Al cabo de unos días, le dieron el alta del hospital y le subieron a un autobús para un viaje de 38 horas hasta Ciudad de México, seguido de otro autobús hasta Villahermosa.
Vicente afirmó que los funcionarios del centro de detención no le entregaron la medicación recetada por el hospital, pero que le permitieron quedarse con su teléfono. Afirmó que no se le dio ninguna oportunidad de impugnar su expulsión a México.
Desde que llegó a Villahermosa en agosto de 2025, ha estado viviendo en una casa de bloques de hormigón de unos 15 m². Mientras tramita su permiso de trabajo en México, colabora como voluntario entrenando a un equipo juvenil de béisbol. También ha construido una incubadora para la cría de codornices japonesas, que se crían habitualmente en México para la producción de carne y huevos. "No sé hacer nada más que trabajar", declaró a Forbidden Stories.
"No he cometido ningún delito grave. No he hecho nada. No hay nada que haya hecho que justifique que me separaran de mi familia», afirmó. La separación de su familia, que sigue en Ontario, ha sido muy dura. Las pasadas Navidades, le enviaron una fotografía de la chimenea de su casa familiar, con calcetines bordados con el nombre de cada miembro de la familia, incluido el suyo, explicó Vicente mientras rompía a llorar. "Es duro saber que estás presente pero que en realidad no estás allí", dijo.
Reconstrucción aproximada de la ruta que siguió Vicente* desde su detención en Estados Unidos hasta su llegada a Villahermosa, México.
El aumento de las llegadas procedentes de terceros países y un sistema de inmigración que funciona al límite de su capacidad hacen que sean los centros de acogida de la sociedad civil local y los refugios comunitarios de México, a menudo con escasos recursos, los que tengan que cubrir ese vacío.
En Villahermosa, el Albergue Amparito, creado originalmente para alojar a las familias de los pacientes de un hospital cercano, se amplió rápidamente para acoger a los deportados. Su portavoz, Josué Martínez Leal, explicó a Forbidden Stories que, para quienes tenían antecedentes penales, la política de la administración Trump de expulsarlos del país tras haber cumplido sus condenas equivalía a una "lógica de doble castigo". "Constatamos que entre el 90 y el 95 % de las personas que acogimos ya habían cumplido su condena [en prisión]", afirmó. "En cuanto salían de la cárcel, el ICE les estaba esperando [para deportarlos]".
Cuando Forbidden Stories visitó el centro, este contaba con 10 camas temporales para hombres, con estancias que, por lo general, se limitaban a dos noches. Sin embargo, las excepciones son frecuentes, ya que no dejan de llegar personas vulnerables.
El centro de acogida "Casa del Caminante", situado a unos 100 km de Villahermosa, en Palenque, cerca de las ruinas mayas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en lo más profundo de la selva de Chiapas, también se ha convertido en un destino para ciudadanos de terceros países.
Dormitorio femenino del albergue Amparito Shelter, en Villahermosa, donde se alojan temporalmente algunas personas de terceros países (así como ciudadanos mexicanos que lo necesitan).
Cuando nuestro consorcio visitó el centro, había tres hombres cubanos alojados allí, el mayor de los cuales tenía 68 años. Evelinda Ramírez Gallegos, la psicóloga del centro de acogida, afirmó que era "desgarrador" ver a personas abandonadas en un país con el que no tenían ningún vínculo, tras décadas de labrarse una vida en EE. UU. La mayoría, según explicó, no quería estar en México y así se lo repetían constantemente al personal, alegando el calor extremo, la falta de oportunidades laborales o la dificultad para acceder a las prestaciones de jubilación. "Estados Unidos no los quiere, sus propios países no los acogen y, de alguna manera, México se convierte en la última opción", afirmó.
Dormitorio masculino del albergue Amparito Shelter, en Villahermosa, donde se alojan temporalmente algunos nacionales de terceros países (así como ciudadanos mexicanos que lo necesitan).
Muchos llegan a México sin documentos ni identificación, que el ICE les confisca cuando son detenidos y, a menudo, no les devuelve; esto supone un reto especial para los cubanos, a quienes Cuba suele negarse a readmitir tras años en el extranjero y que se enfrentan a obstáculos burocráticos casi insuperables para volver a obtener documentos de identidad. Si esta apátridia de facto les impide obtener documentos de identidad o acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria, podría constituir una violación legal imputable a México», afirmó Ian Kysel, profesor clínico de Derecho en la Facultad de Derecho de Cornell y profesor visitante en la Facultad de Derecho de Stanford y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford. "En el contexto de la cooperación bilateral, en el que México sabía que los países de origen de los migrantes no aceptarían el retorno de sus nacionales, algunas de esas violaciones del Derecho internacional también podrían ser atribuibles a Estados Unidos", señaló.
José Alejandro Aponte standing in front of the Amparito Shelter in Villahermosa.
José Alejandro Aponte, un cubano de 65 años, también se alojó brevemente en Amparito y ahora vive en una pequeña habitación que alquila en el centro de Villahermosa. Cuando Forbidden Stories habló con él, acababan de denegarle la residencia en México. "Intenté cumplir todas las normas. Ahora me encuentro en un limbo migratorio. No tengo papeles para ir a ningún sitio. Puede que pierda el contacto con mi familia porque las compañías telefónicas exigen que la gente vincule sus números a un documento de identidad válido. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso?". Según Aponte, la culpa es del Gobierno mexicano: "¿Por qué iba [la presidenta Sheinbaum] a aceptar la oferta de Trump de traernos aquí, sino iban a darnos un lugar donde vivir ni la posibilidad de trabajar?".
Sánchez se mostró de acuerdo. "¿Cómo se puede aceptar a personas deportadas de otro país solo para dejarlas en la calle, durmiendo como perros, hambrientas y necesitadas? Se están violando los derechos humanos. No importa si se te considera bueno o malo. Somos humanos". Al ser preguntado al respecto, el Gobierno mexicano no respondió a la solicitud de comentarios de nuestro consorcio.
Tonatiuh Guillén López, que ocupó el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración de México —el organismo encargado de la aplicación de la ley de inmigración en México— bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador desde diciembre de 2018 hasta junio de 2019, declaró a Forbidden Stories que, desde 2019, México ha alineado su política migratoria con la de Estados Unidos de una forma que "no se negoció, sino que se dio por sentada". Describió la creciente presión ejercida por Estados Unidos para militarizar la política migratoria de México durante ese periodo.
Al ser preguntado sobre el papel de la institución en las devoluciones a terceros países desde Estados Unidos a México, Guillén lo calificó de acto de "crueldad". También subrayó que "cuanta más gente se desplaza, más se benefician los grupos del crimen organizado".
Guillén dimitió en junio de 2019, en medio de una de las disputas diplomáticas más agudas entre México y Estados Unidos de los últimos años. Abandonó el cargo después de que México llegara a un acuerdo con Washington para evitar una posible guerra comercial a cambio de medidas destinadas a frenar el flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense. Fue sustituido por Francisco Garduño, un antiguo funcionario penitenciario que supervisó la militarización del aparato migratorio mexicano y que posteriormente fue procesado (en enero de 2025, el juez encargado del caso aprobó la suspensión del proceso penal con la condición de que Garduño llevara a cabo una serie de medidas compensatorias) por la muerte de 40 migrantes en un incendio ocurrido en un centro de detención de Ciudad Juárez. "La paradoja es que, al final, es la economía estadounidense la que sale perdiendo", afirmó Guillén sobre el programa de expulsiones.
Mientras tanto, miles de ciudadanos de terceros países siguen varados en México, sin poder trabajar. Muchos de ellos, como Vicente, simplemente esperan volver a ver a sus seres queridos. "Solo quiero reunirme con ellos", dijo. "Pero está la incertidumbre del tiempo. Ya no tengo 20 años. No puede ser dentro de 10 años". Otros han empezado a labrarse una nueva vida en México como último recurso. Sánchez, a quien se le ha concedido el estatuto de refugiado, se está instalando ahora en un centro de acogida de larga estancia en Guanajuato.