El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles (23.09.2026) celebrar el próximo 2 de octubre una reunión extraordinaria, en la sede del organismo en Washington, de los cancilleres de países miembros activos (32) para tratar la situación política en Nicaragua. La última vez que la OEA celebró una reunión de este tipo fue en 2019, para examinar la situación en Venezuela.
El encuentro se producirá después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara el pasado julio que no habrá más elecciones en el país centroamericano y que su Gobierno impulsara una serie de medidas legislativas para lograr dicho objetivo. La reunión fue propuesta por las misiones de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, y contó con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.
La "reunión de consulta", un instrumento poco común en la OEA, servirá para examinar "las acciones apropiadas" contra Nicaragua, según la resolución aprobada por consenso por el Consejo Permanente de la organización. Esto, a pesar de que el país centroamericano abandonó la institución en noviembre de 2023, debido precisamente a la presión diplomática que ejercían los países miembros.
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el sandinismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en elecciones a personas que el Estado considere "traidores a la patria". Además, extendería de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular y de autoridades designadas o ratificadas por la propia Asamblea.
Esta deriva autoritaria ha generado preocupación entre los países de la región. Estados Unidos decidió tomar el timón de la presión internacional, con una serie de sanciones sobre el líder del régimen nicaragüense, su esposa Rosario Murillo, familiares suyos y la plana mayor del gobierno.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó recientemente de "absolutamente inaceptable" la situación en el país centroamericano, señalado por la ONU y por organizaciones internacionales por repetidas violaciones de los derechos humanos. Ramdin abogó por "acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión, de modo que podamos iniciar un proceso de diálogo. No sé aún en qué forma, ni quién lo encabezaría: podría ser un grupo de Estados miembros", sugirió.
DZC (EFE, AFP)
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información verificada, por favor, dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.