Sofía llegó hoy al mediodía a la plaza principal del país. Como ella, otras mujeres decidieron quedarse después de la marcha por el 28S, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Encendieron un pequeño fuego simbólico y alrededor de él comenzaron a contar sus historias. El Zócalo dejó entonces de ser solamente un monumento de cantera para convertirse en un espacio de refugio y escucha.
Una tras otra hablaron de las agresiones que han atravesado sus vidas: abusos sexuales cometidos por parejas o familiares, interrupciones obligadas, maltrato obstétrico, embarazos marcados por la precariedad y abortos que tuvieron que inducir en la clandestinidad al no encontrar otra salida. Hablaron también de las maternidades impuestas y de las decisiones que alguna vez tuvieron que tomar sobre sus propios cuerpos.
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Sofía prefirió cambiar su nombre para proteger su identidad. Llegó desde el Estado de México dispuesta a colocar una palabra en el centro del debate: la autonomía.
25 entidades han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Foto: Israel Fuguemann
"Creo que es muy importante porque merecemos autonomía, merecemos libertad, más que nada en nuestros cuerpos. Merecemos decidir si queremos o no maternar".
Maternar, desde su experiencia, significa asumir todos los días la responsabilidad de cuidar, amar y criar a otra persona. Por eso defiende que las infancias sean libres, que los embarazos sean dignos y que los partos dejen de estar atravesados por el maltrato de las instituciones. Su exigencia es clara: "Dejemos de vivir violencia vicaria, violencia obstétrica y violencia en el embarazo".
Para Sofía, resulta incomprensible que esta posibilidad todavía dependa de la presión en las calles: "Qué mala onda que siempre tengamos que estar aquí alzando la voz por una decisión que puede ser fácil. No deberíamos de estar aquí luchando por algo que tendría que ser accesible todo el tiempo".
El mapa jurídico del país muestra que 25 entidades han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Sin embargo, que la reforma elimine parcialmente el castigo penal no garantiza que el servicio de salud exista en las mismas condiciones para todas. La brecha se materializa en hospitales donde falta información, clínicas sin medicamentos o insumos, y personal que desconoce las reglas locales, obligando a las pacientes a buscar fuera del sistema público lo que la ley ya les reconoce.
En San Luis Potosí, Fátima Alvizo aprendió esa diferencia durante más de una década de respaldar a quienes decidieron interrumpir un embarazo. Es abogada y forma parte de Lúminas Centro de Derechos Humanos, de la red de acompañamiento Las Compas y del Frente María Verde en su estado. Su relación con el tema, cuenta a través de una entrevista telefónica, comenzó mucho antes de llegar al activismo.
Su madre, una mujer obrera y católica, durante años facilitó información sobre el aborto. Su abuela también cobijaba a mujeres en situaciones similares y su bisabuela, curandera, acompañaba los procedimientos en el pueblo donde vivían. Fátima se reconoce como una "tercera generación de aborteras". A esa herencia familiar se sumó otra experiencia que terminó por volcarla a la causa: es sobreviviente de violencia sexual en la infancia.
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Comenzó su labor formal en 2013, cuando estaba por terminar la Facultad de Derecho. En aquel momento, San Luis Potosí tenía un marco penal restrictivo que permitía abortar únicamente bajo determinadas causales; la interrupción del embarazo estaba colocada dentro de una lógica de delito y castigo.
La reforma legislativa llegó finalmente en noviembre de 2024, cuando el Congreso de San Luis Potosí aprobó la despenalización parcial del aborto, detonando una reflexión que a Fátima le tomó más de una década consolidar:
La mayoría de las mujeres en Juárez sigue prefiriendo abortar en sus hogares, auxiliadas por redes solidarias. Foto: Israel Fuguemann
"Para mí los principales aprendizajes es que la despenalización parcial no es suficiente, que necesitamos la despenalización total del aborto, que el aborto salga del Código Penal, que se entienda que es una causa de salud pública y no una causa punitiva".
Según Fátima, el análisis sobre la necesidad de eliminar el aborto voluntario del código punitivo tomó forma en 2024, tras años de documentar casos en el territorio, donde existen pueblos y comunidades de las más marginadas del país. La experiencia en distintas entidades federativas demostró que mantener sistemas de causales deja el acceso sujeto a la interpretación de las autoridades locales.
Más allá de la garantía jurídica, la viabilidad del servicio depende del diseño institucional. Factores como las horas de traslado, las clínicas desinformadas, la escasez de medicamentos y los prejuicios de la plantilla médica dictan quién puede y quién no ejercer ese derecho.
En San Luis Potosí, Fátima señala la existencia de municipios con una importante presencia de población indígena donde los centros de salud habilitados todavía presentan deficiencias que van desde las negativas del personal hasta el desabasto, concentrando la atención médica en la capital del estado.
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Un ejemplo de esta centralización ocurre en Santa Catarina, uno de los municipios con mayor pobreza de la entidad. Trasladarse desde ahí a un hospital del IMSS-Bienestar en Rioverde implica un trayecto de al menos dos horas en automóvil. El viaje, sin embargo, es solo el primer obstáculo; el paso previo requiere saber que el servicio existe y está disponible. Las campañas públicas de información son prácticamente inexistentes en la región y la difusión recae de forma casi exclusiva en las organizaciones de la sociedad civil.
Las dimensiones de esta carencia quedaron registradas en el informe emitido en septiembre de 2026 por la Red de Acompañamiento "Las Compas". El documento revela que el grueso de las usuarias enfrenta condiciones de vulnerabilidad material: el 55.3% reporta ingresos familiares menores a los 9,500 pesos mensuales y la mitad carece de seguridad social. Ante la falta de respuesta estatal, las solicitudes de orientación ante la colectiva aumentaron un 40% en lo que va de 2026, alcanzando un promedio de 53 peticiones de auxilio al mes.
La falta de información y la hostilidad también alcanzan a los empleados y empleadas del sistema de salud publica del estado. El informe detalla que, de las mujeres que intentaron resolver el procedimiento dentro del sistema público de salud, decenas de ellas sufrieron casos de maltrato. Las barreras institucionales se dividen en partes iguales: personal que exige requisitos inexistentes, personal que asegura falsamente que el procedimiento sigue siendo ilegal y personal que ejerce agresiones verbales o culpabilización.
La investigación de la colectiva detectó una anomalía más en los hospitales de la capital: médicos del sector público que administran dosis incorrectas o alegan desabasto de insumos para posteriormente canalizar a las pacientes a sus clínicas privadas. Ahí, un aborto que por ley debería ser gratuito se cotiza entre los 15,000 y los 40,000 pesos, una cifra prohibitiva para la mayoría de las solicitantes.
"Sin presupuesto público claro, transparente y suficiente ni las mujeres ni las personas trans y no binarias que deciden interrumpir un embarazo van a poder acceder a la justicia reproductiva."
Esta resistencia burocrática responde a un fenómeno nacional: el aborto sigue congelado del lado de la justicia penal. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fiscalías estatales continúan abriendo cientos de carpetas de investigación al año por este delito en el país, perpetuando el estigma e inhibiendo a los sistemas de salud locales.
Herma Araujo, responsable jurídica de Ipas Latinoamérica y el Caribe, sitúa el verdadero cambio en el momento en que la interrupción del embarazo deje de ser vigilada por los jueces y pase a regularse bajo criterios estrictamente sanitarios.
La abogada advierte que mantener el aborto dentro del derecho penal alimenta el temor institucional. Ante la duda y la desinformación, el personal médico suele reaccionar con desconfianza: se imponen requisitos que las normas no exigen, ocurren notificaciones policiales indebidas, persisten vacíos sobre cómo actuar en el consultorio o se niega el servicio por completo. Ese desconocimiento provoca que las pacientes ignoren que la ley ya las respalda, alejándolas de las vías médicas seguras.
Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Araujo plantea que la prioridad de una regulación sanitaria debe ser "reconocer que el aborto es un servicio disponible a demanda de la persona embarazada".
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Sacar el procedimiento de la lógica del delito transformaría el consultorio en un espacio de confianza y autocuidado. La autonomía se traduciría en decisiones cotidianas y materiales: que una mujer pueda elegir el horario de su cita o decidir si prefiere realizar el procedimiento en un hospital o llevarse el medicamento a casa para iniciar la interrupción en el espacio donde se sienta más segura.
El reto inmediato de la transición mexicana, por lo tanto, consiste en diseñar reglas de salud que garanticen insumos y diversifiquen las formas de acceder al servicio, descentralizando el poder del Estado sobre los cuerpos. El beneficio de este cambio normativo es definitivo en palabras de Araujo:
"Cuando removemos el aborto de la legislación penal y lo colocamos en la regulación sanitaria, permitimos que prive el criterio de las dos personas más expertas en torno a esa decisión. Por una parte, el personal de salud que aporta el criterio clínico objetivo; por la otra, la usuaria, que es la única experta en su propio contexto y en su proyecto de vida".
A diferencia de otros estados, la despenalización en Chihuahua no ocurrió por una reforma en el Congreso local, sino por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2025. El fallo judicial declaró inconstitucionales los artículos que sancionaban el aborto en la entidad, lo que anuló el delito en la práctica. Sin embargo, los legisladores locales no han modificado el Código Penal estatal. Lo que significa que las penas sigan adscritas en el texto oficial crea un vacío normativo que repercute en la atención hospitalaria.
Esta ausencia de armonización legal genera incertidumbre burocrática, según el diagnóstico de Eugenia García, responsable de incidencia en Ciudad Juárez de Médicos del Mundo Francia en México.
"Pareciera que el contexto institucional no permite avanzar". En las clínicas locales, el personal de áreas administrativas, recepción o enfermería, ante el desconocimiento de las reglas vigentes, suele recurrir a la negativa del servicio o impone requisitos, trámites y cartas que alargan el proceso, lo que afecta a las pacientes debido al avance de las semanas de gestación.
Foto: Israel Fuguemann
La experiencia de la organización en la ciudad fronteriza muestra que la solicitud de interrupción es, la mayoría de las veces, la punta del iceberg de crisis más profundas. En una ciudad como Juárez donde las violencias están normalizadas, los embarazos no deseados suelen gestarse bajo dinámicas de abuso sutil dentro de la propia pareja, como la negativa a utilizar métodos anticonceptivos.
Por ello, organizaciones civiles se ven obligadas a ofrecer primeros auxilios psicológicos antes de atender el procedimiento clínico. Ante el temor a la criminalización en los hospitales públicos, la mayoría de las mujeres en Juárez sigue prefiriendo abortar en sus hogares, auxiliadas por redes solidarias.
Esta desconfianza coincide con un cambio en la dinámica migratoria de la región. Históricamente, las mujeres de Juárez cruzaban hacia El Paso, Texas, para acceder a interrupciones del embarazo. Tras las restricciones legales y el endurecimiento de las penas implementadas en el estado de Texas tras la caída de Roe vs. Wade, las organizaciones civiles en la frontera mexicana han comenzado a registrar las primeras consultas de ciudadanas estadounidenses que acuden a Ciudad Juárez en busca de medicamentos, asesoría y abortos.
Para contrarrestar el hermetismo de las instituciones, la misión de Médicos del Mundo Francia en México, en alianza con la colectiva local Aborteras del Norte, ha optado por la incidencia social. El objetivo es abrir conversaciones públicas para que la ciudadanía y el personal operativo sepan que el aborto es legal y que no existen restricciones por causales, blindando la información antes de que el debate regrese a la congeladora del Congreso local.
Este esfuerzo por abrir espacios de información en el norte del país evidencia el rezago estructural que persiste en los servicios de salud a nivel nacional. La reforma jurídica que ya ampara parcialmente a 25 entidades federativas choca de forma sistemática con hospitales y clínicas que carecen de presupuestos específicos, sufren desabasto de insumos médicos y arrastran un desconocimiento generalizado, tanto técnico como legal, por parte de sus plantillas laborales.
Al caer la tarde en el Zócalo, las historias compartidas alrededor del fuego sintetizaron un conflicto que al parecer ya rebasó los tribunales. Aunque la despenalización avanza, el mapa local sigue incompleto debido a los rezagos legislativos en los estados que aún castigan de manera total el procedimiento. Sin embargo, las colectivas asumen que esta lucha no estará completa mientras el aborto se mantenga como una excepción penal.
El objetivo de fondo ya no es litigar ante los jueces, sino obligar al Estado a mudar el procedimiento de forma definitiva hacia una regulación basada en criterios estrictamente médicos y de salud pública. En adelante, el acceso real dependerá de desmantelar las trabas burocráticas y garantizar los insumos, el presupuesto y el financiamiento necesario para ejercer la autonomía dentro del sistema de salud.