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Ante la crecida de las derechas en América Latina, que en muchos casos ha implicado retrocesos en el acceso de las mujeres a la justicia, México mantiene un enfoque distinto en la región, aunque sigue entre los países con mayores niveles de violencia de género.
Esto puede deberse a varias causas, anticipa en entrevista Maïssa Hubert, de la organización Equis Justicia, una de las participantes en el informe "Acceso a la justicia y cumplimiento de la Convención Belém Do Pará en contextos regresivos". Una de las principales causas es que el enfoque de atención no ha virado hacia un mayor énfasis preventivo, y en cambio se mantiene como reactivo y punitivo, asegura.
El informe, elaborado por la Articulación Regional Feminista —alianza de organizaciones de siete países de América Latina— evalúa la respuesta estatal ante la violencia de género entre 2022 y 2024 según los indicadores del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi). En ese contexto, México mantiene la intención de fortalecer la arquitectura pública de género.
Persisten fallas estructurales que ponen en riesgo la protección de las mujeres ante virajes en los gobiernos. Foto: Cuartoscuro
Algunos de los cambios recientes a destacar son la creación, a nivel federal, de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), y algunas asignaciones presupuestarias dedicadas a esa agenda: "México va totalmente a contracorriente de América Latina en lo institucional, es decir que en los últimos años ha apostado mucho para fortalecer la institucionalidad", señala Hubert.
A pesar de esa reestructuración, el informe hace énfasis en que nuestro país registra la prevalencia más elevada de violencia en la región. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia a lo largo de su vida, cifra que supera a Chile (33.4 %), Argentina (45 %), Perú (52 %), Ecuador (65 %) y al promedio mundial de ONU Mujeres (30 %).
Además, el país concentró la estadística absoluta de feminicidio más alta de la región: 983 casos en 2022, 851 en 2023 y 853 en 2024, lo que implica tasas de 1.48, 1.25 y 1.27 por cada 100 mil mujeres. A diferencia de otros países, donde las agresiones mortales ocurren predominantemente en el hogar, en México ocurren con frecuencia en el espacio público.
"Sí hay una tendencia un poco a la baja en el feminicidio en México desde esa fecha, pero seguimos siendo uno de los países con números de feminicidio más altos de la región latinoamericana", puntualiza la especialista.
Respecto al por qué de la persistencia de estos indicadores, Hubert explica que el fortalecimiento federal, además de ser reciente, no se reproduce de forma homogénea en las 32 entidades del país. Las secretarías e institutos locales de las mujeres operan habitualmente con menores recursos e infraestructura.
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A esto se suma la fragmentación normativa entre estados, pues cada código penal tipifica distintas modalidades de violencia, lo que genera una protección desigual dependiendo del lugar de residencia de las mujeres. Apenas en febrero de 2024 se estableció que un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección buscará una homogeneidad, para empezar, en los registros.
Además, se agrega la insistencia en un modelo centrado en elevar penas y crear tipos penales: "la visión que se tiene de cómo atender la violencia en México y en muchos otros países sigue siendo paliativa y reactiva". Ese esquema traslada a las víctimas la responsabilidad de activar al Estado mediante la denuncia formal.
En México, menos de una de cada diez mujeres que viven violencia denuncia o pide apoyo. En las órdenes de protección expedidas, si bien el 95 % incluye medidas de ejecución, solo el 49 % contempla acciones institucionales de seguimiento.
"Solamente vamos a tener intervención cuando se cometen los delitos, y cuando se cometen los delitos muchas veces es demasiado tarde para intervenir y para salvar vidas", agrega.
En materia judicial, el reporte resalta el Amparo Directo 7/2024 ("caso Rita") de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un antecedente importante en torno de la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, persisten trabas en fiscalías y tribunales, como deficiencias en la formación del personal, falta de patrocinio jurídico y dilaciones en los procesos.
En fiscalías y tribunales persisten deficiencias en la formación del personal, falta de patrocinio jurídico y dilaciones en los procesos. Foto: Cuartoscuro
El estudio abarca el acceso a la justicia por violencia de género en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Entre 2022 y 2024 destaca avances legales, como la Ley Integral de Violencia en Chile (2024), la incorporación de violencia vicaria en México (2024), la inclusión de violencia política y digital en Argentina, así como normas sobre acoso laboral en Chile y Ecuador.
No obstante, la investigación concluye que la aprobación de leyes no asegura su aplicación efectiva. "Los hallazgos ponen en evidencia una paradoja regional: si bien se registran avances formales en la incorporación de estándares internacionales, en el diseño de planes nacionales y en el reconocimiento normativo de la diversidad de las mujeres, estos progresos conviven con fallas estructurales que impiden una intervención estatal efectiva y eficiente", señala el documento.
En los mecanismos se observan dinámicas contradictorias. Mientras Colombia creó el Ministerio de Igualdad y Equidad en 2023 y México constituyó Semujeres en 2024, Argentina disolvió el Ministerio de las Mujeres en diciembre de 2023, con un recorte presupuestario del 62 %. Ecuador anunció en 2024 la supresión de su Ministerio de la Mujer, con reducciones del 23 % y deudas en fondos para casas de acogida.
Hubert explica que en estos últimos años se ha observado cómo en Latinoamérica coexiste un fortalecimiento de leyes y políticas públicas, pero hay poca institucionalidad en los países. Por lo tanto, cuando ocurren "volantazos" hacia la derecha, es más fácil debilitar la aplicación de las leyes.
"La falta de institucionalidad hace que sea muy fácil recortar el presupuesto, eliminar ciertas instituciones, no reconocer ciertos datos… Algo que nos compartían las compañeras de Argentina, que están viendo en su contexto, es que no es necesario que se desmantelen las leyes o se retiren de ciertas convenciones, porque el discurso político ha sido suficiente para desincentivar que muchas mujeres puedan tener accesos a ciertos servicios", señala.
Considera lo anterior una gran lección —a considerar también en la situación actual de Brasil— acerca de lo que es necesario fortalecer en los países para estar listos en caso de retrocesos, y no perder avances en materia de género.
El informe evidencia también altas tasas de impunidad en la región. En Bolivia, los juzgados especializados resolvieron el 16.72 % de sus causas en 2024 y acumulan un 34.91 % de sentencias por feminicidios desde 2013. En Colombia, solo el 32 % de los feminicidios concluye con condena y el 78 % de los casos por delitos sexuales permanecen en investigación.
En tanto, en Ecuador las sentencias por feminicidio cayeron al 2.24 % en 2024, mientras que el 75.29 % de las muertes violentas se queda en la etapa investigación previa. La fragilidad presupuestaria de las instituciones es una realidad en todos los países de la región, incluido México.
"Los avances normativos conviven con institucionalidades frágiles y financiamiento insuficiente, lo que deriva en una implementación débil y una gran ineficiencia de la política para garantizar el acceso a la justicia", apunta el documento.
A ello se suman problemas en los sistemas de información pública. Por ejemplo, Bolivia carece de encuestas periódicas; Chile mantiene su registro en fase piloto; Ecuador presenta retrasos en el Registro Único de Violencias, mientras que Argentina suspendió su sistema unificado tras eliminar el ministerio rector.
Foto: Cuartoscuro
Estas omisiones afectan particularmente a grupos históricamente excluidos. En Argentina, la tasa de travesticidios/transfeminicidios en 2024 fue 12 veces mayor a la general. En Colombia, el 86 % de las mujeres indígenas no denuncia. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres indígenas han vivido violencia, mientras que en Perú persisten barreras para mujeres rurales e indígenas quechuahablantes.
"Las barreras identificadas se agudizan para aquellos grupos que enfrentan discriminaciones múltiples, como mujeres indígenas, migrantes, adolescentes, con discapacidad y LGBTIQ+, cuya desprotección es a menudo invisible para el sistema", señala respecto de la falta de indicadores en torno a estas intersecciones.
Maïssa Hubert también advierte sobre iniciativas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para sancionar las llamadas "falsas denuncias", que buscan desincentivar las acusaciones formales por violencia de género, y están particularmente dirigidas hacia las mujeres.
En ese panorama de uso del derecho penal contra las mujeres y políticas de mano dura, la especialista sostiene que México puede constituir un contramodelo de respuesta, si migra de un enfoque penal a uno de protección y prevención oportuna. Eso requiere una institucionalización fuerte, presupuestos claros dedicados a esos temas y mayor coordinación.
"No podemos seguirnos esperando a las denuncias. Creo que sería muy bello, la verdad, que en este contexto político México se pueda posicionar como un país que logre bajar el número de feminicidios porque cambió su paradigma de política pública, y descargue a las mujeres de esta necesidad de estar denunciando y asegurando su propio acceso a la justicia, y que el Estado pueda, proactivamente, acercarse a las mujeres que estén viviendo esas violencias para protegerlas antes de que escalen", afirma.
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El informe de Articulación Regional Feminista reitera que el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará exige presupuestos adecuados, formación de servidores públicos, servicios territoriales y datos transparentes. Recuerda también que la coordinación interinstitucional sigue siendo un desafío en muchos países, lo que limita la eficacia de los planes de política pública.
Además, existe una insuficiencia de información sobre su implementación, impacto y resultados, lo que impide análisis profundos y comparables. Por otro lado, si bien se han expandido los servicios integrales, persisten brechas de cobertura territorial, recursos insuficientes y déficits en la atención a grupos en vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales, lo que afecta de manera directa el acceso efectivo a la justicia y el cumplimiento de la debida diligencia estatal.
En el periodo 2022–2024 se han profundizado esos obstáculos, advierte el documento. Aun cuando la mayoría de los países cuenta con planes nacionales en ejecución, su alcance y efectividad siguen siendo limitados. Bolivia, Chile y México evidencian avances formales en el diseño de planes con enfoque interseccional, pero con escasos resultados en su implementación.
Respecto de los presupuestos con perspectiva de género, la respuesta estatal continúa siendo fragmentada y con bajo financiamiento: Bolivia enfrenta dificultades para traducir la normativa presupuestaria obligatoria en mejoras sostenidas y Chile se rehúsa a avanzar en un pacto fiscal para políticas de prevención, mientras que en Argentina, Ecuador y México los programas se han visto afectados por retrasos, retenciones presupuestarias o eliminaciones, concluye.