¿Por qué México necesita más que bonos verdes?

Nuestro país enfrenta un desafío financiero en materia de sustentabilidad. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, México necesita movilizar alrededor de 1.7 billones de pesos anuales para financiar su transición sostenible, frente a necesidades estimadas de 13.6 billones entre 2023 y 2030.

Es verdad que, en los últimos años, México ha desarrollado un mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles. Estos instrumentos permiten a gobiernos, bancos y empresas obtener recursos para proyectos ambientales y sociales. Pero si han ganado terreno, ¿por qué persiste una necesidad de financiamiento tan importante?

Para entenderlo, conviene distinguir entre obtener financiamiento y generar nueva inversión. Un bono verde es, en esencia, una forma de préstamo. Un inversionista entrega dinero a un emisor que se compromete a devolverlo con intereses y destinar los recursos a proyectos con beneficios ambientales. Es un instrumento poderoso, pero tiene límites que conviene entender antes de considerarlo la gran solución.

Por ejemplo, una empresa puede emitir un bono verde por mil millones de pesos para construir una planta de energía renovable. Pero también puede utilizar esos recursos para refinanciar deuda asociada a una planta existente. Ambas operaciones pueden cumplir los criterios de un bono verde, aunque sus efectos sobre la creación de infraestructura sean distintos.

Refinanciar deuda no es negativo: puede mejorar las condiciones financieras y liberar recursos para otras inversiones. Sin embargo, el volumen de bonos colocados no necesariamente equivale al monto de nueva inversión productiva.

Además, muchos proyectos necesarios para la transición sostenible no tienen acceso al mercado bursátil. Empresas medianas, infraestructura hídrica, agricultura sostenible y eficiencia energética dependen principalmente del crédito bancario. También es indispensable fortalecer la verificación del destino de los recursos y de sus resultados ambientales para evitar el llamado greenwashing.

En este contexto, Bancomext anunció el pasado 21 de septiembre su intención de alcanzar una cartera de 75 mil millones de pesos en créditos sostenibles. La iniciativa es relevante porque busca incorporar criterios ambientales y sociales a las decisiones de financiamiento, más allá de la emisión de bonos.

La necesidad de combinar fuentes de capital también quedó de manifiesto el 7 de octubre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa de inversión cercano a 1.2 billones de pesos en infraestructura eléctrica y gasoductos durante su administración. El anuncio contempla alrededor de 452 mil millones en proyectos mixtos y cerca de 200 mil millones en inversión privada para generación eléctrica. Aunque no toda esa inversión puede clasificarse como sostenible, muestra la importancia de desarrollar mecanismos financieros distintos de los bonos.

Existe otro obstáculo: no todos los proyectos ambientalmente necesarios son financieramente atractivos. Algunos requieren grandes inversiones iniciales, ofrecen rendimientos a largo plazo o presentan riesgos difíciles de asumir. Por ello, el gobierno, mediante la banca de desarrollo, puede impulsar garantías y esquemas de financiamiento que faciliten la participación privada.

Cerrar la brecha exige más que emitir bonos: requiere proyectos viables, crédito, inversión privada y mecanismos para distribuir riesgos. El avance debe medirse no solo por los recursos etiquetados como sostenibles, sino por su capacidad para convertirse en infraestructura, tecnología y actividades productivas.

La pregunta no es solamente cuántos bonos verdes puede emitir México, sino cuánto capital puede convertir en inversión para transformar su economía.